La causa penal se centra en la venta de terrenos ubicados fuera del ejido urbano, sin servicios ni habilitación legal. “Salas vendió lotes cuando ni siquiera había iniciado el trámite para incorporar esas tierras al ejido”, explicó Mansilla. A su vez, la defensa de la cooperativa argumentó falsamente que existía un compromiso estatal para su futura urbanización, lo que ya fue desmentido por la documentación legislativa y municipal.

En paralelo, en la vía civil, ya se logró el embargo de cuentas bancarias y bienes por más de 600 millones de pesos, para intentar garantizar una futura reparación económica a las familias estafadas.

La investigación se extiende también a otros proyectos como Sirena Unificada, Futuros Desarrollos y el grupo de los 70 dúplex inconclusos, donde se encuentran involucrados empleados judiciales, docentes y fuerzas de seguridad.

Mansilla subrayó que los asociados no deben seguir pagando cuotas, ya que la cooperativa está bajo investigación y no tiene habilitación para operar. También denunció que hubo connivencia de áreas del IPVU, que direccionaban a vecinos a inscribirse en la cooperativa, y pidió que se avance hacia una intervención judicial definitiva.