El juez Greca argumentó que la entidad ruralista no aportó pruebas técnicas suficientes ni demostró arbitrariedad manifiesta, por lo que no resultó admisible suspender la disposición. Aplicó un criterio estricto, ya que ante actos del Estado se exige mayor rigor para aceptar una medida cautelar.

La resolución comenzó a aplicarse a fines de junio, tras casi cuatro meses de negociaciones entre el Senasa y provincias patagónicas. Puso fin a más de dos décadas de prohibición sanitaria establecida en el río Colorado, permitiendo cortes como costilla, asado o esternón bajo criterios técnicos.

Desde la implementación, se observó una caída significativa en los precios del asado en carnicerías de Neuquén y Río Negro. Mientras algunos celebran el abaratamiento del producto, otros productores advierten que la medida erosiona años de estatus sanitario diferencial y competitividad exportadora.

Los ruralistas reclamaron que la resolución no tuvo consulta pública previa y advirtieron sobre riesgos reales de afectar mercados internacionales como Japón, Unión Europea o Chile. Sin embargo, el juez consideró que esos argumentos litigiosos no cumplían con los requisitos formales de prueba.

El informe técnico del Senasa, citado por el fallo, afirma que no existe circulación del virus de fiebre aftosa en el país y que la medida responde a normas internacionales y criterios sanitarios válidos, integrando un enfoque comercial riguroso y seguro.

El fallo federal marca un precedente importante en materia sanitaria y legal, respaldando ahora una nueva era en el régimen de comercio interno. El debate regional, no obstante, permanece vigente: productores patagónicos evalúan presentar nuevos recursos legales o alternativas administrativas.

Aunque la decisión judicial representa un revés para las entidades rurales, el ingreso de carne con hueso ya está plenamente habilitado en la Patagonia. Las provincias del sur siguen en pie de guerra, mientras el consumidor atraviesa una etapa de precios más bajos y el mercado se ajusta a un nuevo escenario regulatorio.