El Congreso iniciará mañana el proceso de designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, luego del exhorto de la Corte Suprema de Justicia de finales de agosto pasado en el que le pidió al Poder Legislativo que ocupara los cargos que están vacantes desde 2009.
Se trata de un organismo independiente que tiene como fin la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, y es la única Institución Nacional de Derechos Humanos reconocida por Naciones Unidas en la Argentina.
El Defensor del Pueblo es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras y dura cinco años en su cargo.
El último en ejercer el cargo -entre 1999 y 2009- fue el peronista Eduardo Mondino. El año pasado se cumplieron 15 años de vacante en el área, lo que fustigado por diversas organizaciones civiles.
La institución fue creada en 1993 por ley y, con la reforma de 1994, adquirió rango constitucional. La Defensoría solo tuvo dos representantes, desde el ’94 al 2009, y el predecesor de Mondino fue Jorge Luis Maiorano.
