Agustina, hermana del joven agredido, denunció públicamente que los agresores no solo no fueron detenidos, sino que se presentaron en la casa de su padre exigiendo que retiren la denuncia. Tras la negativa, tirotearon la vivienda, y semanas después volvieron a atacar tras cortar la luz de toda la cuadra. En ese ataque resultaron heridas tres personas con disparos de escopeta y arma de puño. Una de ellas permanece hospitalizada con pronóstico reservado.

“A mí me amenazan todo el tiempo. Dicen que me van a matar, que nadie va a saber quién fue”, declaró Agustina, quien trabaja en una escuela especial y teme ser atacada incluso en su lugar de trabajo. Según relató, su familia recibió amenazas explícitas por redes sociales y mensajes, en los que los delincuentes hacen alarde de sus armas y se jactan de la impunidad con la que actúan.

Pese a las múltiples denuncias —al menos cuatro formalizadas hasta el momento—, los agresores continúan libres. Uno de ellos, incluso, pasa caminando frente a la casa de Agustina a pesar de tener pedido de captura. La policía afirma estar buscándolos, pero los resultados aún no se reflejan en acciones concretas.

La situación se agrava al revelarse que la familia intentó pagar a los agresores para que cesaran las amenazas, pero aun así los ataques continuaron. “Mi suegro les dio algo para que pararan, y siguieron igual”, confesó Agustina con impotencia.

El caso evidencia una preocupante falla del sistema judicial y de seguridad. La presencia de menores en la vivienda, sumado a las reiteradas amenazas de muerte y los ataques con armas de fuego, exige una respuesta urgente del Estado para garantizar la integridad física y psicológica de las víctimas.

Mientras tanto, el miedo gobierna la vida cotidiana de una familia entera que solo espera que alguien actúe antes de que ocurra una tragedia aún mayor.